Ana María Redondo

La entrada de hoy en el blog de Madalen Goiria “La opción de educar en casa” nos trae la entrevista que en mayo de este año le hicieron a Ana María Redondo en la revista La revista de la Asociación de Inspectores de Educación

Me parece una entrevista imprescindible para ser leída por todas las personas que de una u otra manera están implicadas, o sinceramente interesadas, en la practica educativa en familia/en el hogar/ en casa (homeschooling), pero una de las respuestas que más me ha impresionado, voy a compartirla aquí.

A su entender, el artículo 27 de la CE reconoce diferentes derechos y bienes jurídicos a las personas. En este sentido, la libertad de enseñanza (proyección de la libertad ideológica y de creencias) ¿incorporaría también la facultad de educar a los hijos siguiendo una metodología y pedagogía que incluso pueden apartarse de las establecidas por el legislador cuando fija el sistema educativo general?

El Convenio Europeo de derechos del niño reconoce esa posibilidad y otros textos internacionales suscritos por España. Lo que exige tajantemente la Constitución Española es que la finalidad de la educación se garantice y esta finalidad tiene una doble perspectiva: individual y social: el desarrollo íntegro de la personalidad en el respeto de los principios y valores constitucionales. Para ga rantizar este mandato constitucional el legislador tiene varios caminos no uno solo, pero en todo caso ha de garantizarse el objetivo.

Ana María Redondo es autora del libro “Defensa de la Constitución y enseñanza básica obligatoria“, que se puede comprar en Amazon al precio de 23, 65€.

Desde esta entrevista nos invita a actuar en la defensa de nuestros derechos.

Entonces ¿Sería preciso revisar en clave de constitucionalidad, la legislación educativa vigente?

Sí. Bien a través de un recurso de inconstitucionalidad que se plantea en los 3 meses siguientes a la publicación de la ley (la LOMCE, cuando entre en vigor podrá ser recurrida en su caso a través de esta vía), o bien los tribunales de justicia, a la luz del caso concreto, pueden plantear la cuestión de inconstitucionalidad cuando tengan indicios de que la disposición legal es limitadora del derechos constitucionalmente reconocidos.

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