10 decisiones judiciales sobre Homeschooling

Este es el tercer libro de la serie de diez en la que continua trabajando Madalen Goiria. Será la suya una biblioteca extremadamente útil para quienes educan en el hogar /familia /casa… o como quieren ustedes llamara a lo que hacen fuera de las aulas de una institución escolar.
Creo que es bueno comenzar por el principio. De la mano de Madalen, en estas 127 paginas vamos a recorrer algunas sentencias judiciales:
1.- La sentencia del Tribunal Constitucional de 1994
2.- La sentencia del Tribunal Supremo de 1994
3.- La Sentencia de las Audiencias Provinciales
4.- La Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010
5.- La de los Arenalejos en la Audiencia Provincial de Málaga

Y vamos a reflexionar sobre el antes y el después de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, en la pagina 16 nos pone en la situación precedente,

En todos los supuestos en los que se ha perseguido este tipo de descolarización a través de la vía penal, se ha producido el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, en consideración a que los menores educado en familia demuestran una madurez y una adquisición de conocimientos semejantes a cualquier otro menor de su edad; además de que, en todos los casos, estas familias han podido demostrar que los menores tienen satisfechas todas sus necesidades básicas, tanto físicas como psicológicas, y que en ningún caso se encuentran en situación de desamparo. No olvidemos que en l jurisprudencia imperante*, la desescolarización es un simple indicio de que el menor se podría encontrar en una situación de riesgo, pero que hace falta, además, demostrar una segunda condición, cual es el daño efectivo producido al menor por la situación en que se encuentra. 

En el libro Madalen nos comenta por extenso la Sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo Penal) 1669/1994 de 30 de octubre, más conocida como los Niños de Dios en Barcelona. Lo que ha resultado muy interesante para mi, que siempre había escuchado sobre esta sentencia referida al caso de la desescolarización, pero no conocía las repercusiones que para el Estado español había tenido, dada la confrontación entre la Generalitat y la Audiencia Provincial, que llevo a la primera a solicitar ante el Tribunal Constitucional la aplicación de la medida de asunción de la tutela legal por la Administración.  

Pasa por tres casos importantes para las familias que han optado por matricular en una escuela a distancia.
Galicia:

“[l]os hechos no son constitutivos de delito penal, en cuanto la menor está realizando la educación académica, aunque sea fuera de las vías convencionales, ya que se considera que el delito se comete si el menor no recibe la educación académica, no si no acude a las clases del centro escolar correspondiente”

San Sebastian

“[e]l hecho de educar a los propios hijos en casa no está regulado legalmente si bien tampoco existe ninguna figura penal que sancione tal conducta. Por tanto la no asistencia a un centro educativo oficial contraviene normas de carácter administrativo, pero no penal”
En los antecedentes de hecho queda recogido documentalmente que los alumnos procedentes de un sistema extranjero que pretenden incorporarse a alguno de los cursos de la educación primaria o hasta cuarto de ESO no precisan hacer trámite alguno de convalidación de estudios siempre y cuando los estudios realizados tengan validez oficial en el sistema educativo del país a quien correspondan.
(…)
… l argumento va más allá, ya que se da por probado, no sólo que se está proporcionando una educación, sino que además, esa educación tiene entidad suficiente para permitir a esos menores su incorporación, en el futuro, a estudios superiores, con una edad razonable, por la vía de la convalidación de los estudios realizados. 

Granada:

 … las razones descansan en que la conducta de educar e casa, según procedimientos docentes adecuados a la edad de los menores, como resulta probado en el procedimiento, no es subsumible en el tipo penal previsto en el artículo 226 del código penal. Ello es debido a que el hecho de que los menores no asistan a un centro escolar de modo presencial, no significa que los padres o tutores se hayan desentendido del proceso educativo de sus hijos, añadiendo que “escolarización y educación no son términos sinónimos, siendo así que los acusados no han incumplido el deber de educar a sus hijos que les impone el artículo 154 del Código Civil, por cuanto no sólo no lo han obviado, sino que se han implicado directa y personalmente en el mismo” (pag. 50)

La segunda mitad del libro esta dedicada a la sentencia del 2 de diciembre de 2010 del Tribunal Constitucional y al procedimiento de Jurisdicción Voluntaria que es el que más se lleva ahora

Según esta sentencia el contenido del derecho constitucional se limita al reconocimiento de una libertad de los padres apara elegir centro docente. Del mismo modo, la libertad de los padres reconocida en el apartado 3 de este artículo 27, se limita al derecho a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias condiciones . En  el caso que sirvió de base al recurso de amparo, las razones no eran religiosas o morales sino de tipo pedagógico. Sin embargo, la misma sentencia argumenta que la obligación de escolarización no deriva de la constitución sino de la legislación de desarrollo de la misma, al establecer que la enseñanza obligatoria consiste en 10 años de escolaridad.
Por ello sostiene el alto tribunal que la enseñanza básica es obligatoria, pero no precisa que esta deba configurarse necesariamente como un periodo de escolarización obligatoria antes bien al contrario, la imposición de un periodo de escolarización es entendido por esta sentencia, como una de las posibles configuraciones del sistema, entre las que el legislador podrá optar. Es una decisión política que le llevara a elegir un modelo u otro de configuración del sistema educativo y de dotar de contenido al derecho a la educación de los menores, dentro del ejercicio de su mandato en virtud del pluralismo político.
Pero las facultades de configuración del sistema educativo, que corresponden al legislador, no se encuentran fuera del principio de legalidad ni son ilimitadas, y el tribunal constitucional interpreta que el articulo 27.8 de la Constitución obliga al legislador a que una vez decidido el sistema educativo, lo inspeccionara y homologara para garantizar el cumplimiento de las leyes.
El articulo 27 en su apartado 4, al proclamar el principio de la que la enseñanza básica es obligatoria, presenta un concepto ambiguo que permite al menos dos interpretaciones. De un lado una interpretación muy restrictiva que entiende que enseñanza es sinónimo de escolarización, y de otro, una interpretación más amplia del termino que le llevaría a equiparse al concepto de educación, de modo que lo que exige el legislador constitucional, es que los menores reciban una educación entendida como formación basca por el tiempo que especifique la legislación de desarrollo del texto constitucional.(pags. 70 y 71) 

Y no les cuento más, pero les aseguro que el resto del libro es igual de sabroso.

* Las Sentencias del Tribunal Constitucional, 25 de mayo de 1992 y de la Audicencia Provincial de Sevilla de 23 de noviembre de 1999, respectivamente.

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